Entre las decisiones centrales se destaca la derogación de múltiples
regímenes informativos, entre ellos:
▪ Compras con tarjeta de crédito, débito o
billeteras virtuales.
▪ El “CITI de los escribanos”, que obligaba
a reportar operaciones notariales.
▪ Reportes por compraventa de vehículos
usados y publicaciones de inmuebles.
▪ Informes de pagos de expensas desde
$32.000.
▪ Consumos de servicios públicos como
electricidad, agua, gas y telefonía.
Además, se prohíbe a los bancos exigir declaraciones juradas de impuestos
nacionales (como condición para operar). Si alguna entidad lo solicita, el
contribuyente podrá negarse y acudir a Defensa del Consumidor.
Se elevaron los umbrales de reporte:
▪ Transferencias bancarias: desde $50
millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).
▪ Saldos mensuales: solo informan
desde $50 millones (físicas).
▪ Plazos fijos y tenencias en Alycs:
informan desde $100 millones (físicas).
▪ Compras de consumidores: sin
identificación hasta los $10 millones.
