Rojas propone un Consejo para escuchar al personal policial y penitenciario
El diputado provincial Sergio Javier Rojas presentó un proyecto de ley para crear un espacio institucional de diálogo entre el personal de las fuerzas de seguridad y el Poder Ejecutivo. La iniciativa apunta a abordar condiciones laborales y de vida, salud mental, desarraigo, descanso y estrés, además de canalizar inquietudes y elaborar recomendaciones para el Estado provincial.
Martes 25 de agosto de 2026
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El diputado provincial Sergio Javier Rojas presentó un proyecto de ley que propone crear el Consejo Provincial de Participación del Personal de las Fuerzas de Seguridad, un ámbito institucional destinado a generar un diálogo permanente entre integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario y el Poder Ejecutivo de Santa Fe.
La iniciativa busca poner en discusión problemáticas que atraviesan al personal y que, según planteó el legislador, muchas veces quedan relegadas frente al debate salarial. Entre ellas aparecen el desarraigo, los traslados, los turnos rotativos, el descanso, la salud mental y el estrés asociado a la tarea.
Rojas sostuvo que las condiciones en las que se desarrolla el trabajo también tienen impacto sobre las familias de los agentes, especialmente cuando existen cambios de destino, horarios irregulares y períodos prolongados de ausencia.
“Necesitamos escuchar al personal de seguridad y atender los problemas que muchas veces quedan en segundo plano”, señaló Rojas.
El proyecto parte de la necesidad de generar un mecanismo institucional que permita conocer de manera directa las dificultades que atraviesan policías y penitenciarios en el desarrollo cotidiano de sus funciones. Los turnos rotativos, los traslados y la exposición permanente a situaciones de violencia y riesgo pueden repercutir más allá del ámbito laboral. También pueden afectar la vida familiar y las posibilidades de sostener vínculos personales en forma estable. Para Rojas, estas condiciones deben ser consideradas al momento de analizar tanto la permanencia dentro de las fuerzas como el ingreso de nuevos agentes. “Cuando las condiciones en las que se desarrolla la tarea no encuentran un espacio donde puedan plantearse, los problemas se acumulan. Tenemos que poder escuchar qué les pasa a quienes todos los días cumplen una función tan importante para la sociedad”, sostuvo. El diputado aclaró que la propuesta no tiene como eje la discusión salarial, sino la creación de un canal institucional para abordar otras cuestiones vinculadas con el bienestar del personal. “El Estado provincial afronta el pago de haberes en el marco de sus posibilidades presupuestarias, mientras que el personal de las fuerzas de seguridad como cualquier trabajador quiere un salario que le permita vivir de su trabajo; este proyecto no discute eso, no de manera central”, explicó. En ese sentido, remarcó que el objetivo es generar un espacio donde puedan plantearse problemáticas que actualmente no cuentan con un ámbito específico y permanente de tratamiento. “Lo que buscamos es abrir un espacio institucional para las problemáticas que muchas veces quedan por detrás de lo salarial y que hoy no tienen dónde plantearse”, agregó.
Uno de los principales ejes de la iniciativa es la salud mental del personal policial y penitenciario. La exposición sostenida a situaciones de violencia, riesgo y estrés puede generar consecuencias sobre quienes cumplen estas funciones y también sobre sus entornos familiares. Como referencia para dimensionar la problemática, los registros oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación muestran que en 2024 se contabilizaron 22 suicidios entre integrantes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, mientras que en 2025 el número ascendió a 34 casos. Los registros corresponden a fuerzas federales y no a la Policía de Santa Fe. Los datos surgen de los registros oficiales informados por el Ministerio de Seguridad: en 2024 fueron 14 casos en la Policía Federal, 4 en Gendarmería y 4 en Prefectura; en 2025 se registraron 16, 7 y 11, respectivamente. Para Rojas, estas cifras refuerzan la necesidad de que la salud mental sea incorporada a una política permanente de cuidado del personal y no quede limitada a intervenciones cuando una situación ya alcanzó una instancia crítica. El proyecto también plantea que las dificultades vinculadas con la salud mental puedan ser expresadas y atendidas sin que solicitar ayuda sea interpretado como una señal de debilidad dentro de la propia fuerza. La posibilidad de acceder a asistencia profesional o solicitar una licencia debería formar parte de una política de cuidado de la salud y no convertirse en un motivo de estigmatización. La iniciativa también incorpora una dimensión que, según Rojas, suele quedar en segundo plano: el impacto de las condiciones de servicio sobre las familias del personal. Los cambios de destino, el desarraigo, los horarios y la exposición a situaciones de estrés no afectan únicamente al agente, sino también a quienes comparten su vida cotidiana. Desde esta perspectiva, el proyecto plantea que pensar en el bienestar de quienes integran las fuerzas de seguridad también implica considerar las condiciones en las que viven sus familias.
Una propuesta que busca escuchar al personal
Más allá de la cuestión salarial
Salud mental y acompañamiento
El impacto sobre las familias
