Scarpin: “Aprobamos una ley para cortar el circuito de los celulares robados”
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una ley que establece controles para la compra y venta de celulares usados, con el objetivo de dificultar la comercialización de equipos robados. Dionisio Scarpin destacó la creación de un registro para identificar los dispositivos y la aprobación de herramientas de defensa para integrantes de las fuerzas de seguridad.
Viernes 30 de octubre de 2026
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La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una ley que establece controles para la compra y venta de celulares usados, con el objetivo de dificultar la comercialización de equipos robados. Dionisio Scarpin destacó la creación de un registro para identificar los dispositivos y la aprobación de herramientas de defensa para integrantes de las fuerzas de seguridad.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves dos iniciativas vinculadas con la seguridad pública. Una establece nuevos controles para la comercialización de celulares usados con el propósito de reducir la reventa de dispositivos robados, mientras que la otra habilita la creación de equipos especializados de la Defensa Pública para asistir a integrantes de las fuerzas de seguridad en determinadas causas judiciales.
El diputado provincial Dionisio Scarpin destacó la importancia de la normativa que regula el circuito comercial de los teléfonos móviles y sostuvo que la medida busca dificultar la venta de equipos de procedencia ilegal.
La nueva ley establece la creación de un registro destinado a quienes compran, venden, reparan o reacondicionan teléfonos celulares usados. Los operadores alcanzados deberán identificar cada dispositivo mediante su código IMEI, dejar constancia de su procedencia y verificar si registra denuncias por robo, hurto o extravío antes de incorporarlo al circuito comercial. Scarpin explicó que el objetivo es incorporar mecanismos de identificación similares a los que existen para otros vehículos y bienes registrables. “Es parecido a lo que pasa cuando compramos un auto o una moto: hay documentación que permite saber de dónde viene. Con un celular usado necesitamos algo similar. Si hacemos más difícil vender lo robado, también le sacamos negocio al que roba”, señaló el legislador. La normativa también contempla inspecciones en los comercios, controles sobre la documentación de los equipos y sanciones cuando no pueda acreditarse su procedencia. Además, prevé mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público de la Acusación, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), las empresas de telefonía y los municipios para facilitar las denuncias, el bloqueo de dispositivos y su recupero.
Un registro para controlar los celulares usados
